Entrevista de la KPF «Radio Pacífica» de los Ángeles California por el Homenaje 2021 a Lucio Cabañas

El 30 de noviembre de 2021 se llevó a cabo por el periodista Rodrigo Argueta de la KPF Radio Pacífica de Los Ángeles California una entrevista con David Cilia Olmos en representación del COMITÉ ORGANIZADOR DEL PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR de México sobre el homenaje y la importancia histórica del Comandante Guerrillero LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS. La entrevista abordó diversos temas de los que rescatamos 5 para seguir contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica de México.

11 de noviembre de 1981 Desaparición del Huayo y Chuchin

La complicidad de Carpizo en la desaparición de personas

Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés, dos jóvenes estudiantes de 18 años de edad llegaron a la  casa situada en el número 232 de la calle Marina Nacional en el fraccionamiento Villa de las Flores, Ecatepec Estado de México. Iban con la tarea de recoger documentación que se encontraba ahí y que comprometía la seguridad de la estructura de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Esa casa era el domicilio de una persona que entre otros seudónimos se conocía como “Angela”, quién en ese momento era miembro de la Dirección Nacional de dicha organización; a ella fueron enviados los dos estudiantes, ya que se tenían sospechas de que otro miembro de la Dirección Nacional de la Liga Comunista, conocido como “Salvador” podía haber sido detenido, ya que no había llegado a sus citas un día antes.

En previsión de esta posibilidad, el organismo de Dirección de la Liga Comunista consideró necesario, retirar del domicilio –que “Salvador” conocía–  documentación que sería riesgoso cayera en manos de la policía. Previamente  “Angela” se comunicó telefónicamente con la dueña de la casa para de una manera indirecta explorar si había el riesgo de que la policía ya estuviera en la zona o llegado a la casa.

La respuesta tranquilizadora de la dueña de la casa, quien por su plática aparentaba que todo estaba en calma y de manera normal, llevó a que se tomara la determinación de recuperar de inmediato dicha documentación interna.  Se hablo con Jesús Abel y Eduardo, quienes eran militantes de la Liga Comunista y se les planteó la situación, aceptando estos la misión, trasladándose, luego de ultimar los detalles, rumbo a dicho domicilio.

Todo esto fue relatado el 11 ó 12  de noviembre de 1981 a quien esto escribe, de manera personal y directa por “Angela” y  “S”  ( “Silvia”, otra integrante de la Dirección Nacional de la Liga Comunista cuyo nombre legal luego supe era Teresa Gutiérrez Hernández), durante una reunión en la que participamos los tres y que se efectuó en un restauran ubicado sobre la calzada de Tlalpan.

Ahora bien, cuando los jóvenes estudiantes llegaron al domicilio, la policía ya tenía conocimiento del mismo y había establecido un operativo de gran envergadura para detener a quien ahí llegara. Como se confirmó a partir de ese momento, “Salvador”  sí había sido detenido y había señalado durante los interrogatorios el lugar. Desde ese momento los dos jóvenes estudiantes se encuentran desaparecidos.

El Diario de México del 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 1981 da cuenta de la magnitud del operativo, los nombres de los policías que comandaron la operación de secuestro aparecen en sus páginas. Se trata del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, así como el Comandante Dámaso Tostado, de la Policía Judicial del Estado de México.

En septiembre de 1990, cuando se creó por primera vez la figura de OMBUDSMAN en México, me dirigí a la CNDH y denuncié estas y otras desapariciones. En mi documento de queja señalo que: “los nombres de los que comandaron la operación de secuestro aparecen en este diario, (Diario de México), sin embargo los compañeros siguen desaparecidos”. Declaro en el mismo documento que:

“Todas estas detenciones que se inician con el asesinato en Ciudad Universitaria de Jesús Manuel Arana Murillo y Miguel Angel Barraza García, no son sucesos aislados sino producto de una política de aniquilamiento contra mi partido por el Estado. De ellas son responsables directos Arturo Durazo Moreno, (Francisco) Sahagún Baca y Nazar Haro. Declaro que los nombres y apellidos de todos los que han ejecutado estos operativos represivos son datos conocidos y fáciles de precisar por una comisión que en verdad esté interesada en esclarecer el asunto de los desaparecidos políticos… Exijo que los crímenes que denuncio sean seria y verdaderamente investigados, los responsable que señalo deben esclarecer el paradero de las personas capturadas por ellos y presentarlos vivos.[1]

Dada las condiciones de persecución en las que en ese momento yo me movía, no fue posible recabar el sello de acuse de recibo por parte de la CNDH, situación agravada por mi captura en días posteriores (13 de octubre de 1990). Por ese motivo, dicho documento fue entregado de nueva cuenta a la CNDH, el 28 de enero de 1991, a las 1:11 de la tarde, como consta en el sello de recibo correspondiente. Este documento también fue entregado a la abogada Teresa Jardí, el 29 de enero del mismo año, para su entrega personal al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Carpizo Mac Gregor, dado lo delicado del tema.

Con motivo de esta denuncia hubo una primera entrevista el 20 de febrero de 1991 en la que entregué a la CNDH datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro de Jesús Abel y Eduardo Echeverría, para que iniciara la investigación correspondiente y se pudiera identificar el paradero de mis compañeros.

Esa entrevista que se llevó a cabo, contrario a mis deseos en la oficina del Jefe de Vigilancia del Reclusorio Norte, fue grabada en su totalidad en audio cassettes. Durante esa entrevista los miembros de la comisión me tomaron fotografías, aduciendo que eran para comprobar a sus superiores que en verdad habían venido al Reclusorio a cumplir con sus tareas. Las fotografías incluyeron a los miembros de la comisión en algunas tomas.

La mala impresión que me quedó de la primera entrevista con personal de la CNDH  me llevó a escribir a la abogada María Teresa Jardí una carta con mis críticas acerca de la actuación de los mismos. En esa carta señalo que se me interrogaba más sobre los militantes que aún no estaban presos o desaparecidos de una manera policíaca, que sobre los datos que pudieran esclarecer el paradero de los desaparecidos.

Durante la segunda entrevista (marzo de 1991), que finalmente se dio en el área de visita familiar, la comisión visitadora de la CNDH no había comprobado aún el nombre de Sergio Villanueva y Dámaso Tostado, de donde yo les había señalado se encontraba (Diario de México). Tampoco habían orientado legalmente, como yo les había sugerido, a la familia de Jesús Abel y Eduardo Echeverría a fin de que éstos pudieran iniciar una demanda penal en contra de Sergio Villanueva y Dámaso Tostado, con motivo de su secuestro; y tampoco habían cumplido su compromiso de informar a la madre de Teresa Gutiérrez Hernández mi deseo de hablar personalmente con ella, a fin de abundar en los datos que ella tenía sobre la desaparición de su hija.

En esa ocasión insistí ante la comisión visitadora de la CNDH, particularmente ante el señor Ignacio Cabrera en la necesidad de que la CNDH interrogara a Sergio Villanueva y Dámaso Tostado y de que orientara a los familiares para encausarlos penalmente como copartícipes en los secuestros de Jesús y Eduardo y, a partir de ahí, desenmarañar las responsabilidades directas y el paradero de ambos estudiantes.

Le señalé que esta línea de investigación era muy importante, porque la desaparición de 13 personas en 1981-82 no era una suma de sucesos aislados, sino una serie de hechos secuenciales, hilvanados, cometidos por un mismo cuerpo policiaco y que la clave para desentrañar los trece casos era la declaración de los dos comandantes que habían sido ubicados ya como participantes en el operativo de secuestro-desaparición de Villa de la Flores.

Ignacio Cabrera y los demás miembros de la comisión visitadora me explicaron que por instrucciones del titular, la comisión buscaría a los desaparecidos más bien en los reclusorios, manicomios o asilos, ya que no podían ellos inculpar a funcionarios públicos. Señaló que los 10 casos hasta esa fecha “encontrados” por la CNDH “son prácticamente por casualidad, es muy difícil  ”.


[1] David Cilia Olmos, Carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 11 de septiembre de 1990,  páginas 4, 6 y 7